Abogado implicado en caso de consorcio jurídico es enviado a la cárcel de Patacamaya

La Paz, 13 de abril (Revista Oxígeno).- El abogado Vladimir Flores fue enviado a la cárcel de Patacamaya por la presunta comisión del delito de consorcio de jueces, fiscales y abogados en grado de complicidad, al ser el nexo entre el vocal Fernando Ganam y el jurista particular, Milton Mendoza. La información fue dada  por la Fiscalía Departamental de La Paz.

“En la audiencia, la comisión de fiscales ha fundamentado la imputación contra Flores y los riesgos procesales, por lo que la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva en Patacamaya, al existir los suficientes elementos de convicción”, señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin José Blanco Soria.

Los fiscales del caso evidenciaron que existen los riesgos procesales enmarcados en los artículos 233, 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal, tales como: la no acreditación de un arraigo natural y social, referentes a la familia y al domicilio.

Además, el Ministerio Público argumentó que el imputado podría realizar acciones para entorpecer la investigación mediante la influencia en testigos, jueces, magistrados y personal del Órgano Judicial.

Respecto a la relación de los hechos, la comisión de fiscales demostró que Flores trabajaba como abogado en el estudio jurídico de Mendoza, actualmente prófugo, quien tranzaba amparos constitucionales de la cooperativa telefónica de Cotel con el vocal Ganam, detenido preventivamente en la cárcel San Pedro.

El Ministerio Público indicó que en el allanamiento a la oficina de Flores se encontró tres cuadernos jurisdiccionales en su escritorio, además de una resolución de amparo constitucional.

Agregó que se estableció que antes de ejercer la profesión libre, Flores trabajaba con el vocal Ganam como personal de confianza, lo que posteriormente le permitió visitar la sala del Tribunal Departamental de Justicia dos a tres veces por semana.

La investigación contra Ganam derivó en la detención de la juez Lía Cardozo en la cárcel de San Sebastián de Cochabamba y del fiscal Carlos Hugo Rivero en la cárcel de San Pedro de La Paz, ambos imputados por el delito de consorcio de jueces, fiscales y abogados.

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